Tres días antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella reunió en Barranquilla a los alcaldes de las principales ciudades de Colombia y les dijo una frase que resume su política de seguridad: cuando el Estado pierde el control del territorio, también pierde autoridad y soberanía. De esa cumbre salió el primer plan concreto del nuevo gobierno: los Bloques de Seguridad Urbana.
Hay una diferencia enorme entre anunciar que la seguridad será prioridad y sentarse con quienes tienen que ejecutarla. Lo primero cuesta un trino. Lo segundo cuesta trabajo, coordinación y voluntad de ceder protagonismo.
Lo que ocurrió este martes 4 de agosto en Barranquilla fue lo segundo. Y por eso merece analizarse con detalle.
«La seguridad no puede depender de los delincuentes ni de los límites que ellos pretendan imponer a la libertad de los colombianos. Cuando el Estado pierde el control del territorio, también pierde autoridad y soberanía.»— Abelardo de la Espriella, Cumbre Nacional de Seguridad Urbana, Barranquilla
Qué son los Bloques de Seguridad Urbana
Este es el anuncio central de la cumbre y conviene entenderlo bien, porque no es un eslogan sino un modelo operativo con lógica propia.
Los Bloques de Seguridad Urbana son grupos especializados de la Policía, dedicados a combatir los delitos más graves de cada ciudad específica. No son una fuerza nueva ni un cuerpo paralelo: son unidades de las especialidades ya existentes, articuladas bajo un mando coordinado entre el Gobierno Nacional, la alcaldía y la Fuerza Pública.
La clave está en la palabra articulación. Durante años, el problema de la seguridad urbana colombiana no fue solo falta de recursos: fue que la Policía respondía a Bogotá, el alcalde tenía responsabilidad política pero poco mando, y la Fiscalía iba por su lado. Cada quien con su información, su agenda y sus indicadores.
Las 8 ciudades de la primera fase
Que Cúcuta esté en esa lista no es casualidad. Como documentamos hace apenas tres días, la ciudad amaneció bajo carros bomba contra el Comando de Policía de Norte de Santander. Y la inclusión de Soacha —un municipio, no una capital— muestra que el criterio fue de riesgo real y no de tamaño o protagonismo político.
Los delitos que atacará primero
El plan prioriza los delitos de alto impacto social, esos que golpean directamente la vida cotidiana del ciudadano común:
- →Extorsión sistemática a comerciantes y pequeños empresarios
- →Redes de lavado de activos que financian las estructuras criminales
- →Mecanismos de reclutamiento, especialmente de jóvenes en barrios vulnerables
- →Vínculos de corrupción que sostienen a las organizaciones desde adentro del Estado
Ese último punto es el más difícil y el más importante. Ninguna estructura criminal sobrevive en una ciudad sin alguien adentro que la proteja. Reconocerlo públicamente en una cumbre con alcaldes presentes es una señal de que el diagnóstico no es ingenuo.
Lo más notable: alcaldes de todos los partidos respaldando
Aquí está el dato político que casi nadie destacó y que a mi juicio es el más significativo de toda la jornada.
A esa cumbre asistieron alcaldes de orígenes políticos muy distintos. Alejandro Eder de Cali anunció que tiene al menos 69 operativos listos para zonas críticas de la capital vallecaucana. Dumek Turbay de Cartagena celebró el encuentro públicamente. Y los mandatarios de las demás ciudades priorizadas participaron en la coordinación de la estrategia.
En un país tan polarizado como Colombia —donde el Congreso apenas se instaló entre jugadas políticas de bloques enfrentados— que ocho alcaldes de distintas orillas se sienten a coordinar seguridad con un presidente que ni siquiera ha tomado posesión es, en sí mismo, un logro de gestión política.
Porque la seguridad urbana es de esos poquísimos temas donde el ciudadano no pregunta de qué partido es quien lo protege. Solo quiere llegar a su casa sin que lo atraquen.
La subdirección de la Policía tendrá sede en Barranquilla
Otro anuncio de la cumbre que conecta con una línea que este gobierno viene marcando desde antes de posesionarse: la subdirección general de la Policía Nacional tendrá sede en Barranquilla.
No es un gesto aislado. Es coherente con la propuesta de convertir a Barranquilla en capital alterna de la República que ya analizamos en este blog. Trasladar estructuras de mando fuera de Bogotá tiene efectos operativos reales: acerca la toma de decisiones a las regiones donde ocurren los hechos.
Tecnología y anticipación: el cambio de método
El presidente electo insistió en un punto técnico que merece atención: el combate contra las organizaciones criminales exige herramientas modernas que permitan anticipar las acciones delictivas, no solo reaccionar después de que ocurren.
Eso significa análisis de datos, seguimiento de patrones delictivos, sistemas tecnológicos de prevención e investigación. Suena obvio, pero para la Policía colombiana ha sido durante décadas la excepción y no la regla.
La diferencia entre una policía reactiva y una preventiva es la diferencia entre llegar cuando ya hubo un muerto y evitar que lo hubiera. Y esa transición requiere inversión —algo para lo que este gobierno cuenta con los 9.000 millones de dólares comprometidos por la CAF— pero sobre todo requiere cambio de mentalidad institucional.
Recompensas y protección para la posesión
Como medida preventiva inmediata, el Gobierno ratificó una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien aporte información oportuna sobre amenazas o atentados terroristas, a través de las líneas institucionales 157 y 107.
Además, la vigilancia se mantendrá reforzada en instalaciones militares clave como el Batallón Pichincha y la Escuela Militar de Aviación en Cali, hasta que culminen los actos de posesión del 7 de agosto.
Lo que hay que vigilar: de la cumbre a los resultados
Ahora la parte incómoda, porque este blog no está para aplaudir sin condiciones.
Colombia ha visto muchas cumbres de seguridad. Muchos planes con nombres llamativos. Muchos anuncios de coordinación interinstitucional que se desvanecieron a los seis meses cuando volvió la rutina burocrática. La diferencia entre esta cumbre y las anteriores no se verá en agosto: se verá en marzo del próximo año.
Los 5 indicadores que medirán si funciona
- 1.Denuncias de extorsión — deben subir primero (más confianza) y bajar después (menos delito)
- 2.Homicidios en las 8 ciudades priorizadas, comparados mes a mes con 2026
- 3.Estructuras criminales desarticuladas con capturas de cabecillas, no solo de eslabones bajos
- 4.Funcionarios investigados por vínculos con organizaciones criminales
- 5.Continuidad de las reuniones — si la segunda cumbre no llega antes de diciembre, mala señal
Ese quinto punto es el mejor termómetro. Las estrategias de coordinación mueren por abandono, no por fracaso. Si en seis meses siguen reuniéndose los mismos alcaldes con los mismos comandantes revisando cifras, el modelo está vivo. Si la cumbre de Barranquilla fue un evento y no un mecanismo, ya sabremos qué pasó.
Conclusión: la frase que define el mandato
De todo lo dicho en Barranquilla, hay una idea que va a definir estos cuatro años: la seguridad no puede depender de los límites que los delincuentes le impongan a la libertad de los colombianos.
Piense en cuántas decisiones cotidianas toma usted en función del miedo. A qué hora sale. Por dónde no camina. Qué barrio evita. Si saca el celular en la calle. Si el negocio abre los domingos. Si va a la finca este fin de semana.
Todas esas son fronteras que alguien más le puso a su libertad sin consultarle. Y recuperarlas no es un asunto de estadísticas: es un asunto de dignidad.
El 7 de agosto empieza el reloj. Y este blog va a estar contando, mes a mes, si esas fronteras se van corriendo hacia atrás o si todo quedó en una buena cumbre con buenas fotos.
Fuentes: El Tiempo · El Espectador · El Heraldo · El País · Infobae
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