Abelardo de la Espriella firmó el miércoles 19 de agosto el Decreto 1261 de 2026, que declara la emergencia económica, social y ecológica por 30 días. Horas antes había convocado a las aseguradoras a Palacio San Carlos para acordar el pago ágil de las pólizas. Pero hay un dato que cambia por completo la dimensión de esa medida: solo el 9,3% de las viviendas asegurables en Colombia tiene póliza.
Empecemos por reconocer lo que sí es una buena gestión, porque lo es.
Que un presidente convoque al gremio asegurador en la primera semana de una emergencia, que se acuerde el cruce de bases de datos entre el Estado y las compañías, y que se establezcan prioridades claras para los estratos más bajos, es exactamente el tipo de coordinación que Colombia rara vez ha visto funcionar bien en un desastre.
Pero también hay que decir lo que la cifra del 9,3% implica: por cada colombiano que va a recibir una indemnización, hay nueve que no van a recibir nada del sistema de seguros. Y esos nueve dependen enteramente del Estado.
Lo acordado con las aseguradoras
La reunión se realizó en Palacio San Carlos con representantes de Fasecolda, la federación que agrupa a las aseguradoras del país. De ahí salieron cuatro decisiones concretas:
Acuerdos con el sector asegurador
- ✓Dos años para radicar reclamos, no dos días como circulaba en redes
- ✓Prioridad para estratos 1, 2 y 3 y viviendas de interés social
- ✓Cruce de bases de datos entre el Gobierno y las compañías para agilizar pagos
- ✓Coordinación entre aseguradoras cuando un inmueble tenga pólizas de varias compañías
Ese último punto merece destacarse porque resuelve un problema real. En copropiedades es común que el edificio esté asegurado con una compañía y los apartamentos con otra. Antes, el ciudadano tenía que correr entre las dos. Ahora la carga queda del lado de las empresas.
Como dijo el presidente: no se le puede trasladar al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia.
El desmentido que evitó una ola de angustia
Un punto de gestión que vale la pena reconocer: en redes circulaba la versión de que los damnificados tenían apenas dos días hábiles para radicar sus reclamaciones. Eso generó pánico entre familias que apenas estaban saliendo de los escombros.
El Gobierno lo desmintió con claridad: el plazo es de dos años. Y el presidente hizo un llamado explícito a que la desinformación no genere más angustia entre los colombianos.
Es un detalle menor en apariencia, pero en una emergencia la desinformación cuesta vidas y patrimonios. Que el Gobierno haya salido a corregirlo rápido cuenta a su favor.
El dato que nadie está discutiendo: solo el 9,3% está asegurado
Aquí está la información más importante de toda esta semana y casi ningún medio le dio el espacio que merece.
Según cifras de Fasecolda con corte a marzo de 2026, apenas el 9,3% de las viviendas que podrían estar aseguradas en Colombia cuenta efectivamente con una póliza.
El déficit de aseguramiento en Colombia
- →Solo 9,3% de las viviendas asegurables tiene póliza
- →Existen 2.681.964 inmuebles asegurados en total, por 2.582 billones de pesos
- →De esos, 1,65 millones corresponden a vivienda
- →En los primeros cuatro días se radicaron 10.465 reclamaciones por 281.000 millones de pesos
Traduzcamos ese porcentaje a lo que significa para la gente. El terremoto dejó 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas. Si solo una de cada diez estaba asegurada, entonces la enorme mayoría de esas familias no tiene póliza que reclamar.
Para ellas, el acuerdo con las aseguradoras no cambia nada. Su única esperanza son los subsidios estatales, el Fondo Milagro y las donaciones privadas.
Y ahí está la verdadera lección estructural de esta tragedia: Colombia es un país sísmico donde el 90% de la gente no tiene forma de proteger su patrimonio ante un terremoto. Eso no lo causó este gobierno ni el anterior. Es un problema acumulado durante décadas que ninguna administración ha querido enfrentar.
El Decreto 1261 y la realidad fiscal que lo condiciona
La misma noche del 19 de agosto, en Consejo de Ministros, se firmó el llamado «decreto madre» de la emergencia económica, social y ecológica. Tiene vigencia de 30 días y permite trasladar fondos entre entidades sin pasar por el Congreso.
Pero al anunciarlo, el presidente entregó dos cifras que explican por qué esta reconstrucción va a ser tan difícil:
«Colombia enfrenta una realidad fiscal difícil; actualmente, 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace diez años era una de cada seis.»— Abelardo de la Espriella, al firmar el Decreto 1261
A eso se suma que la deuda bruta supera el 60% del PIB. Es decir: el país entra a una reconstrucción de 30 billones de pesos con el margen fiscal más estrecho de las últimas décadas.
Como analizamos al cubrir la declaratoria inicial de emergencia, la figura tiene límites constitucionales estrictos: 30 días por declaratoria, 90 al año, y control automático de la Corte Constitucional sobre cada decreto que se expida.
«No es un cheque en blanco»
El presidente anticipó la crítica que iba a llegar y la respondió antes: estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia.
También anunció una revisión del gasto público para identificar programas no prioritarios y redireccionar esos recursos, aclarando que no se afectará a las poblaciones más vulnerables.
Ese es precisamente el punto donde habrá que estar más atentos. «Programas no prioritarios» es una categoría elástica, y la diferencia entre recortar burocracia y recortar programas sociales depende enteramente de dónde se ponga la tijera. Ahí la vigilancia ciudadana no es opcional.
El balance actualizado de la tragedia
Las cifras entregadas por el Gobierno con corte al 19 de agosto muestran la dimensión de lo que enfrenta el país:
- →314 fallecidos (319 cuerpos recibidos por Medicina Legal)
- →4.437 heridos y 262 desaparecidos
- →262.154 personas afectadas de 147.464 familias
- →471 municipios en 15 departamentos
- →302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales
- →Epicentro en San José del Palmar, Chocó, con más de 10.900 familias afectadas y municipios incomunicados
El Chocó merece mención aparte. Es el departamento más pobre del país, con el epicentro del sismo en su territorio, con municipios que quedaron incomunicados y con una infraestructura que ya era precaria antes del terremoto. Si la reconstrucción no llega allá con la misma fuerza que a Cali o Pereira, habrá fallado.
Lo que hay que vigilar de aquí en adelante
Los 5 indicadores de esta etapa
- 1.Tiempo promedio de pago de una póliza desde que se radica el reclamo
- 2.Qué pasa con el 90% sin póliza: cuántos subsidios se giraron y en cuánto tiempo
- 3.Qué programas se recortan bajo la etiqueta de «no prioritarios»
- 4.Ejecución en el Chocó comparada con la de Valle, Risaralda y Caldas
- 5.Qué decide la Corte Constitucional sobre los decretos que salgan de esta emergencia
Conclusión: la reforma que Colombia debería sacar de esta tragedia
Si algo bueno puede salir de una catástrofe con 314 muertos, es una lección que el país no vuelva a olvidar.
Y la lección está en ese 9,3%. Colombia tiene que enfrentar en serio el déficit de aseguramiento de vivienda. Con incentivos tributarios, con pólizas colectivas de bajo costo para estratos populares, con seguros catastróficos subsidiados como los que existen en Chile, México o Turquía.
Porque el próximo terremoto va a llegar. Colombia está sobre la placa de Nazca y eso no se negocia. La única pregunta es si nos va a encontrar con el 9,3% asegurado o con una cifra que permita que las familias recuperen su patrimonio sin depender de la caridad ni del presupuesto público.
Esa reforma no da votos, no sale en titulares y nadie la agradece. Pero salvaría a cientos de miles de familias colombianas la próxima vez. Y ese debería ser el legado real de esta tragedia.
Fuentes: El Espectador · El Tiempo · El Heraldo · La República · Cambio
Si usted resultó afectado: conserve fotos de los daños, facturas, contratos de arriendo, su póliza y el certificado de afectación expedido por la alcaldía. Esa documentación será necesaria para censos, ayudas y reclamaciones. Recuerde que tiene dos años, no dos días, para radicar su reclamo ante la aseguradora.
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