Cinco extradiciones firmadas. Ciento veintiún beneficiarios de salvoconductos que quedan sin protección. Y una política de cuatro años enterrada en una sola tarde. Abelardo de la Espriella desmontó la paz total el 26 de agosto desde el Palacio de San Carlos, y lo resumió al día siguiente en una frase: se acabaron los privilegios disfrazados de paz.
Este es probablemente el cambio de política pública más profundo del nuevo gobierno hasta ahora. No es un ajuste de énfasis ni una corrección de rumbo: es el reemplazo completo de la estrategia con la que Colombia se relacionó con sus grupos armados durante los últimos cuatro años.
Y como todo cambio de esa magnitud, tiene promesas y tiene riesgos. Aquí van los dos.
«La paz se construye con hechos, justicia y autoridad, jamás sobre la base de la impunidad o el encubrimiento de criminales. Se acabaron los salvoconductos y los privilegios disfrazados de paz.»— Abelardo de la Espriella, 27 de agosto de 2026
Qué se desmontó exactamente
El anuncio del 26 de agosto no fue declarativo. Vino con medidas concretas y con firmas.
Las medidas adoptadas
- ✓Cinco extradiciones reactivadas hacia Estados Unidos, todas suspendidas antes por participación en mesas de diálogo
- ✓Fin de los salvoconductos que suspendían órdenes de captura a negociadores
- ✓Reactivación de órdenes de captura vigentes a través de la Fiscalía
- ✓Una sola vía ofrecida: sometimiento a la justicia con los beneficios que ya contempla la ley vigente
Los grupos afectados incluyen las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, el ELN y Los Pachenca. El ministro de Justicia, Iván Cancino, es el encargado de tramitar y ejecutar las medidas.
Los números que explican la magnitud
Para dimensionar cuántas personas estaban protegidas por esta figura, estas son las cifras de salvoconductos vigentes:
- →Disidencias de las FARC: 34 suspensiones de órdenes de captura
- →Segunda Marquetalia: 10 suspensiones
- →Clan del Golfo: 3 suspensiones
- →Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: suspensiones vigentes hasta noviembre de 2026
- →Total de beneficiarios hasta el primer semestre de 2026: 121 personas
Ciento veintiún individuos con requerimientos judiciales activos que podían moverse por el país sin riesgo de captura. Esa es la cifra que el Gobierno decidió llevar a cero.
Por qué fracasó la paz total: el balance en los territorios
La política de paz total partía de una premisa razonable en el papel: si todos los grupos armados se sientan a negociar simultáneamente, la violencia baja en todo el país.
El problema fue lo que pasó en el terreno mientras se negociaba. Los ceses al fuego no se tradujeron en reducción de violencia sino en periodos de reorganización territorial. Los grupos aprovecharon la pausa para expandirse, reclutar y consolidar economías ilegales.
La evidencia de ese fracaso la hemos documentado en este blog con hechos concretos de las últimas semanas: los atentados del Catatumbo que dejaron nueve militares muertos y los carros bomba contra el Comando de Policía de Cúcuta.
Y la lista sigue creciendo. Esta misma semana se registró un ataque con drones explosivos contra la estación de Policía de El Tambo, Cauca. Cuatro años de negociación no impidieron que los grupos armados adquirieran capacidad de ataque con tecnología aérea.
La denuncia sobre intromisión en extradiciones
Hay un elemento que salió a la luz junto con este anuncio y que merece registrarse. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció públicamente que hubo intromisión de la Oficina del Comisionado de Paz en trámites de extradición.
Según su versión, ella firmó una resolución de extradición mientras Gustavo Petro se encontraba en China, y tras su salida del ministerio la decisión fue modificada: la extradición terminó suspendida por la supuesta participación del implicado en mesas de paz.
Su señalamiento central es jurídico: la Oficina del Comisionado de Paz no tenía competencia legal sobre ese trámite. Si eso se confirma, no estaríamos ante una diferencia de criterio político sino ante una posible extralimitación de funciones.
Los riesgos que esta decisión también trae
Ahora el ejercicio que este blog no omite, aunque acompañe al gobierno. Toda política tiene costos, y esta no es la excepción.
Primero: el riesgo de escalada. Los grupos armados que pierden sus salvoconductos no se desmovilizan automáticamente. Muchos van a responder con más violencia, y es previsible que las próximas semanas traigan más atentados, no menos. El Gobierno debe estar preparado para sostener la decisión cuando lleguen los muertos.
Segundo: el problema del incentivo. Si la única oferta es sometimiento sin beneficios adicionales a los que ya contempla la ley, la pregunta legítima es por qué un cabecilla que hoy controla territorio y rentas ilegales elegiría entregarse. La respuesta del Gobierno es la persecución militar efectiva. Habrá que ver si esa capacidad existe.
Tercero: los procesos avanzados. Había mesas con distintos grados de progreso. Algunas de ellas involucraban comunidades que confiaron en el proceso. Cerrarlas de golpe deja a esas comunidades sin interlocución y expuestas a represalias.
Ninguno de estos riesgos invalida la decisión. Pero ignorarlos sería propaganda, no análisis. Y quienes apoyamos este gobierno le hacemos un mejor servicio señalando los obstáculos que fingiendo que no existen.
Cómo se medirá si esta política funciona
Esta decisión se puede evaluar con datos objetivos. Estos son los indicadores que este blog va a seguir:
Los 5 indicadores del fin de la paz total
- 1.Capturas efectivas de cabecillas, no de eslabones bajos reemplazables
- 2.Sometimientos voluntarios a la justicia en los próximos seis meses
- 3.Ataques a la Fuerza Pública comparados mes a mes con 2026
- 4.Homicidios y desplazamiento en Catatumbo, Cauca, Chocó y Bajo Cauca
- 5.Extradiciones efectivamente materializadas, no solo firmadas
Ese cuarto punto es el más importante y el más honesto. Si en un año el Catatumbo y el Cauca están peor que hoy, la política habrá fallado por más contundentes que sean los discursos. Y si están mejor, habrá tenido razón quien la impulsó.
Conclusión: la paz que se construye con autoridad
Colombia ha probado casi todo en materia de política de paz. Negociaciones largas, negociaciones cortas, acuerdos internacionales, justicia transicional, ceses al fuego. Algunas funcionaron parcialmente. Otras dejaron el país peor de como lo encontraron.
Lo que este gobierno propone no es nuevo en el mundo: Estado fuerte, ley aplicada sin excepciones y una sola puerta de salida que es la justicia ordinaria. Es el modelo que aplicaron con éxito otros países de la región y que en Colombia siempre se descartó por considerarse demasiado duro.
Va a costar. Va a traer más violencia antes de traer menos. Y va a exigir del Gobierno una consistencia que ninguna administración colombiana ha logrado sostener durante cuatro años completos.
Pero después de cuatro años en que la palabra paz sirvió para blindar a criminales de la justicia, es difícil argumentar que valía la pena seguir con lo mismo.
La decisión está tomada. Ahora hay que ejecutarla bien. Y vigilarla mejor.
Fuentes: Infobae · Semana · Pulzo · Diario del Huila
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