Nueve militares muertos mientras descansaban. Una menor de edad herida. Un carro bomba y drones explosivos contra una base militar. Eso ocurrió en el Catatumbo en julio de 2026. Y en redes sociales apareció una tesis que merece ser examinada con seriedad: que la responsabilidad de esos hechos recae sobre Abelardo de la Espriella, quien se posesiona el 7 de agosto y todavía no ha ejercido un solo día de gobierno.
Antes de cualquier análisis, un momento de respeto. Detrás de cada una de estas cifras hay familias colombianas. Nueve hogares que recibieron la peor noticia posible. Una niña herida que no tenía nada que ver con esta guerra. Comunidades enteras que llevan más de un año viviendo bajo el fuego cruzado.
Esas víctimas merecen algo mejor que ser convertidas en munición de un debate político en Twitter. Y sin embargo, aquí estamos.
Los hechos verificables: qué pasó realmente en el Catatumbo
Antes de discutir responsabilidades, conviene establecer los hechos. Y los hechos están documentados por el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y los medios nacionales.
Cronología reciente de la violencia en el Catatumbo
- →Enero de 2025: el ELN lanza una ofensiva contra las disidencias de las FARC. Más de un centenar de muertos y miles de desplazados. La Defensoría la califica como una de las peores crisis humanitarias en décadas.
- →Enero de 2026: la Corte Constitucional emite el Auto 002 ordenando a autoridades nacionales y locales rendir cuentas sobre la protección de la población civil.
- →16 de julio de 2026: ataque con drones explosivos y carro bomba contra la base del Batallón de Ingenieros N.° 30 en Tibú. Una menor de edad resulta herida.
- →21 de julio de 2026: atentado en el que mueren nueve militares —dos suboficiales y siete soldados— mientras descansaban, y nueve más resultan heridos.
Un dato que ninguna interpretación política puede alterar: la crisis del Catatumbo lleva más de dieciocho meses en curso. No empezó en julio de 2026. Empezó en enero de 2025, y sus raíces se remontan a la campaña del Catatumbo iniciada en 2018 y al vacío territorial que dejó el Acuerdo de Paz de 2016.
El problema de fondo: un calendario que no cuadra
Aquí está el punto que hace que esta tesis sea insostenible, y no requiere ideología para entenderlo. Solo requiere un calendario.
Las fechas que resuelven el debate
- ✓La crisis del Catatumbo se agrava desde enero de 2025
- ✓Los atentados ocurrieron el 16 y el 21 de julio de 2026
- ✓Abelardo de la Espriella se posesiona el 7 de agosto de 2026
- ✓Un presidente electo no tiene mando sobre la Fuerza Pública hasta que asume el cargo
Esto no es una opinión favorable al gobierno entrante. Es derecho constitucional básico. El presidente electo no dirige operaciones militares, no ordena despliegues, no controla inteligencia y no ejecuta política de seguridad. Esas facultades se transfieren el día de la posesión, no antes.
Atribuirle responsabilidad por hechos ocurridos semanas antes de asumir equivale a pedirle cuentas a un funcionario por decisiones que tomó otro. Ningún sistema jurídico del mundo funciona así, y por buenas razones.
Por qué esta lógica es peligrosa incluso para quienes la usan
Supongamos por un momento que aceptamos el argumento. Que un presidente electo es responsable de lo que ocurre antes de posesionarse. ¿Qué implicaría eso?
Implicaría que Gustavo Petro sería responsable de todo lo ocurrido entre junio y agosto de 2022. Implicaría que Iván Duque respondía por los hechos de mediados de 2018. Implicaría, en general, que la responsabilidad política deja de tener anclaje temporal y se convierte en un instrumento maleable que cada quien ajusta según le convenga.
Ese precedente no le conviene a nadie. Y quienes lo promueven hoy contra el gobierno entrante serán los primeros en rechazarlo cuando se les aplique mañana. Así funciona siempre: los argumentos oportunistas terminan volviéndose contra quien los inventó.
Sobre el debate público y cómo deberíamos darlo
Colombia atraviesa un momento de polarización extrema, y el 7 de agosto no va a resolverlo. Al contrario: es probable que lo intensifique. En ese contexto, quienes tenemos un espacio de opinión —por pequeño que sea— tenemos una decisión que tomar sobre cómo debatimos.
Se puede responder a una afirmación errada de dos maneras. La primera es atacar a quien la dijo: su profesión, su vida privada, su aspecto, su pasado. Eso da satisfacción inmediata, genera aplausos de los propios y no convence a nadie más.
La segunda es desmontar el argumento con hechos, fechas y lógica. Esa es más lenta, menos vistosa y muchísimo más efectiva. Porque un argumento demolido con datos no tiene defensa posible, mientras que una persona atacada personalmente siempre puede refugiarse en la victimización.
En este blog elegimos la segunda. No por corrección política, sino por eficacia. Y porque cuando el tema son nueve militares muertos y una niña herida, convertir la discusión en un espectáculo de descalificaciones personales le falta el respeto a las víctimas.
Cualquier ciudadano tiene derecho a opinar de política
Vale la pena decirlo con claridad: toda persona, sin importar a qué se dedique, tiene pleno derecho a expresar opiniones políticas. Ese derecho no se gana con un título ni se pierde por una ocupación.
Lo que sí ocurre es que las opiniones se evalúan por su contenido. Y una afirmación que contradice el calendario no se sostiene, la diga quien la diga. Ese es el estándar que debería aplicarse a todos por igual, incluidos quienes coincidimos con este gobierno.
El debate que Colombia sí necesita tener sobre el Catatumbo
Mientras discutimos en redes de quién es la culpa, en el Catatumbo la gente sigue muriendo. Y hay preguntas de fondo que llevan meses sin respuesta:
- 1.¿Por qué la Alerta Temprana 017 de 2025 de la Defensoría no evitó la escalada?
- 2.¿Qué se hizo con el Auto 002 de la Corte Constitucional que ordenó proteger a la población civil?
- 3.¿Cómo obtuvieron los grupos armados capacidad de ataque con drones explosivos?
- 4.¿Qué protección real reciben hoy las comunidades desplazadas de Tibú, El Tarra y Ocaña?
- 5.¿Qué plan concreto tiene el gobierno entrante para el Catatumbo a partir del 7 de agosto?
Esa última pregunta es la que más nos corresponde vigilar. Porque a partir del 7 de agosto, la responsabilidad sobre el Catatumbo sí será de este gobierno. Completa, verificable y sin excusas.
Conclusión: la exigencia empieza el 7 de agosto
No tiene sentido responsabilizar a un gobierno que no ha empezado. Pero tampoco lo tiene extenderle un cheque en blanco por cuatro años.
El compromiso más razonable es este: reconocer que la crisis del Catatumbo se gestó bajo administraciones anteriores y que sus raíces son estructurales, y al mismo tiempo exigir con firmeza que el gobierno entrante presente resultados medibles desde sus primeros meses.
Si dentro de un año el Catatumbo sigue igual, la responsabilidad será enteramente de esta administración. Y quienes hoy defendemos que no se le puede culpar por hechos previos a su posesión debemos ser los primeros en decirlo entonces.
Esa coherencia es lo único que distingue el análisis político del fanatismo. Y las víctimas del Catatumbo merecen que se la apliquemos.
Fuentes: Infobae · EFE / Infobae · Canal 1 · Defensoría del Pueblo
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